PARA HACER MEMORIA COLECTIVA

Estoy consciente de que muchas personas no leerán esto; pero para quienes decidan leerlo con responsabilidad, es mi deber aclararles que por ningún motivo estoy tratando de decir por quién deben votar para Presidente, tan sólo es mi forma de responder al cúmulo de correos electrónicos recibidos pidiéndome que vote por Lucio Gutiérrez. Estas son las razones por las que no lo haré.

Días antes de las elecciones de noviembre del 2002, en que fue elegido como presidente Lucio Gutierrez afirmaba esto en una entrevista, respecto a sus planes de gobierno:

“El principal es la lucha contra la corrupción para lo cual proponemos la despolitización, la despartidización y el fortalecimiento de las instituciones democráticas ecuatorianas para lograr una verdadera institucionalización, una democracia auténtica en el Ecuador. El segundo objetivo es reducir la pobreza en el país, para lo cual hemos priorizado la inversión en educación y salud y para crear fuentes de trabajo en el sector agropecuario, turistico y de la minería. El tercer objetivo es dar seguridad al Ecuador: seguridad jurídica, seguridad social, seguridad ciudadana, seguridad ambiental y seguridad alimentaria. Y el cuarto gran objetivo es mejorar la competitividad de nuestro país, para lo cual tenemos que bajar el costo del Ecuador, el costo país. Para ello tenemos al menos cinco puntos que hacer en Ecuador. Primero tenemos que bajar las tasas de intereses, segundo tenemos que importar tecnología, tenemos que reducir algunos impuestos, cuarto tenemos que mejorar lo! s servicios en el Ecuador y quinto tenemos que reducir el tiempo que duran los trámites burocráticos, administrativos y judiciales en nuestro país.”

Al principio de su gobierno, vimos un marcado nepotismo; su hermano Gilmar Gutiérrez dirige el grupo de diputados de su partido Sociedad Patriótica; un sobrino suyo (de 18 años) fue contratado por el Consulado de Ecuador en Houston; su cuñado, Renán Borbúa (se acuerdan de los Borbuvideos??) es su hombre de confianza, de quien además se comentó mucho acerca de su cambio a una de las urbanizaciones de Samborondón, a una casa nada modesta y muy costosa. La primera acusación severa en contra de la administración de Lucio Gutiérrez Borbúa fue la de nepotismo. Sin oír las constantes advertencias, el ahora ex presidente se rodeó de sus familiares en un sinnúmero de puestos públicos. La figura más destacada en esta red de parentescos fue la de Napoleón Villa, esposo de Janeth Gutiérrez Borbúa, quien tuvo un lugar preponderante en Carondelet. A pesar de que Villa cometió crasos errores políticos y de sospechas de haber sido el enlace en las presuntas relaciones de Gutiérrez con el narcotráfico otro de los hitos en la caída del mandatario-, el Gobierno hizo el intento, aunque fallido, de enviar al ex dirigente de Sociedad Patriótica como magistrado al Tribunal Andino. Su apellido apareció en el Gobierno de Gutiérrez en el Fondo de Solidaridad, Petrocomercial, Pacifictel y en las listas de los enviados a embajadas ecuatorianas en el exterior. El suplemento investigativo de diario Hoy, Blanco y Negro, contó en septiembre de 2003 una decena de familiares de Villa en altos cargos.
También la familia materna Borbúa encontró ubicaciones en embajadas, en el Congreso, en el Fondo de Inversión Social, en algunos puestos oficiales en la Amazonía y en el Banco de Fomento. También los diputados Gilmar Gutiérrez y Renán Burbúa ubicaron a sus parientes en varios cargos en Petrocomercial, Autoridad Portuaria, Pacifictel y la Corporación Financiera Nacional. Las denuncias no tuvieron ningún efecto de enmienda.

Tanto el financiamiento de la campaña presidencial de Lucio Gutiérrez como el financiamiento de la contienda de su partido en los comicios seccionales provocaron serias crisis políticas para el ex presidente, quien, sin embargo, utilizó sus alianzas para liberarse de los juicios políticos planteados en su contra por estos casos. En noviembre de 2003, Gutiérrez fue acusado de haber recibido $30 mil para la campaña presidencial de parte del ex gobernador de Manabí y empresario César Fernández, detenido en octubre junto a otras 13 personas, cuando se aprestaba a enviar 428 kilos de cocaína a los Estados Unidos. En este caso (así como en las denuncias de haber recibido material proselitista de México), el respaldo de las Fuerzas Armadas fue decisivo para liberarlo de las acusaciones de estar relacionado con los cárteles de Sinaloa en México.

Otro juicio político, por su obvio respaldo a Sociedad Patriótica y sus aliados en los comicios seccionales, fue desviado en el Congreso con los votos de dos diputados socialcristianos, Luis Almeida y Rocío Jaramillo, de la Izquierda Democrática Aurelio Llori y de Felipe Tsenkush, Héctor Orellana y Augusto Gerrero, de Pachakutik, a los que se acusó de haber sido comprados por el último ministro de Gobierno del Régimen, Óscar Ayerve. En el campo político, las cambiantes alianzas del partido de Gobierno demuestran la debilidad del proyecto de Lucio Gutiérrez y lo orientan claramente al desenlace.

Su primera ruptura se produjo en agosto de 2003, cuando dio por terminada su alianza con el movimiento indígena y despidió a los ministros de Pachakutik, entre ellos la canciller Nina Pacari. Luego se produjo un intermedio, en el que el Gobierno se acercó al Partido Social Cristiano, alianza que se rompió definitivamente a raíz del ingreso de Carlos Arboleda en la Agencia de Garantías de Depósitos y su rechazo a aceptar la propuesta de pago de las deudas de Agustín Febres Cordero, hermano del líder socialcristiano León Febres Cordero. El 8 de noviembre, tras la visita de Gutiérrez a Panamá, donde se reúne con Abdalá Bucaram, asume el Ministerio del Interior Jaime Damerval, cuya cercanía al Partido Roldosista hace prever ya en ese entonces el retorno de Bucaram. Con el argumento de que el Partido Social Cristiano, al renunciar a la Presidencia del Congreso, perdió su oportunidad y que la Izquierda Democrática ya ocupó esa dignidad, impone a Omar Quintana, del PRE, en la máxima posición en el poder Legislativo. El retorno de Abdalá Bucaram, a través de la reorganización de la Corte Suprema con ayuda sobre todo de Álvaro Noboa, constituye el decisivo traspié en la caída de Lucio Gutiérrez.

Sin embargo, después de todo lo que ofreció en campaña, rápidamente, Lucio Gutiérrez empezó a mostrar su verdadero rostro. En el 2003 pactó con el FMI un programa de ajuste considerado como nefasto: congelación salarial hasta el 2007, 120.000 despidos en el sector público, no reconocimiento del derecho de huelga en el sector público, el aumento del precio del gas en un 375%, privatización del sector eléctrico, petrolero, teléfonos, agua, etc. Las huelgas en distintos sectores estuvieron presentes durante todo su mandato y en las elecciones municipales de octubre de 2004 sufrió un fuerte revés electoral con un escaso 5% de los votos.

A fines de 2004 empezó a caer más en desgracia al ser acusado de uso indebido de dinero público, cohecho y delitos contra la seguridad del Estado. Su alianza con el PRE y Prian le permitió que el Congreso sustituyera en diciembre a 32 jueces de la Corte Suprema de Justicia. Tras las elecciones municipales la debilidad de Lucio Gutiérrez se hizo más evidente. Con el fin de evitar una moción de censura se alía con dos partidos, el partido Renovador Institucional Acción Nacional (PRIAN) y el Partido Rodolsista Ecuatoriano (PRE) del ex presidente Abdalá Bucaram, que tuvo que salir huyendo del país en 1997, acusado de corrupción, ante la indignación popular. El precio que impone el PRE a Gutiérrez, a cambio de su apoyo en el Congreso, es un cambio en la Corte Suprema de Justicia (CSJ). El 8 de diciembre se cambian 27 de los 31 jueces que forman la institución, siendo el nuevo presidente del CSJ, Guillermo Castro Dager, el Pichi, un amigo de Bucaram, que no tarda en actuar. La jugada se completa el 31 de marzo cuando se anuncia la anulación de los juicios penales contra los ex - presidentes Abdalá Bucaram y Gustavo Noboa, y también Ricardo Noboa, ex vicepresidente involucrado en el sonado caso del mal manejo de los gastos reservados durante el gobierno de Sixto Durán Ballén; abriendo la puerta de su retorno al país e, incluso, a que se puedan presentar en las presidenciales de 2006.

El 26 de enero y el 16 de febrero se producen manifestaciones de 100.000 personas en Quito y Guayaquil, las dos principales ciudades del país, que muestran el tremendo malestar que se vive. Al frente de éstas se encuentran el alcalde de Quito, Paco Moncayo, de la Izquierda Democrática (ID) y el de Guayaquil, Jaime Nebot, del Partido Social Cristiano. Mientras los manifestantes exigen claramente la salida de Gutiérrez, los alcaldes insisten una y otra vez: “No queremos que se vaya. Sólo queremos que rectifique”. Su objetivo es bien distinto al de los manifestantes. En realidad, estos alcaldes tratan de apoyarse en un movimiento fuerte en la calle para defender su posición y sus privilegios. Quieren hacer fuerza para negociar con el presidente su cuota de influencia en la judicatura que se ha visto mermada o eliminada, con el cambio de jueces en el CSJ.

Pero la llegada al país de Bucaram, a principios de abril, cambia el ambiente de forma radical. La respuesta popular no se hace esperar. Una vez más, la grosería política, el desprecio del gobierno hacia la voluntad popular, desata la indignación de las masas ante la manipulación e impunidad de los poderosos.

El 5 de abril se dan las primeras movilizaciones, sobre todo, en Quito. 3000 manifestantes al grito de “Fuera Lucio” van a la sede del Congreso donde son reprimidos contundentemente y hay más de 100 afectados por los gases lacrimógenos. Se forma la Asamblea Ciudadana de Quito, presidida por el Alcalde, Paco Moncayo, y autoridades de seis provincias, todos ellos de ID y del partido Pachakutik. El 11 de abril se anuncia un paro en la provincia de Pichincha. A partir del 12 de abril se llama a la huelga general indefinida. El Alcalde de Quito está dispuesto a desconvocar el paro si en la reunión del congreso se llega a un acuerdo. Estos dirigentes, que quieren limitar la lucha a la cuestión de la Corte Suprema y volver a la tranquilidad lo antes posible, serán sobrepasados por el propio movimiento en los días posteriores. La CONAIE se suma a la movilización el 13 de abril. El presidente, intentando frenar un movimiento que teme se le vaya de las manos, envía un proyecto de ley al Congreso para cambiar el CSJ. Ya es demasiado tarde. Y es que la vuelta de Bucaram no ha sido más que el accidente que ha hecho estallar el malestar y la frustración acumulada por la población en un país marcado por la grave situación económica.

El rechazo al gobierno de Lucio Gutiérrez no se puede explicar sólo por su actuación con la CSJ, sino por su política de ataques sociales y alianza con el imperialismo. El grito de guerra es “Que se vayan todos”, “Fuera Lucio”, que refleja el rechazo a todos los políticos tradicionales y la falta de confianza en un sistema, que es fuente de abusos, corrupción y miseria.

La visita de marzo de ese año, del director general del FMI, Rodrigo Rato, a Ecuador no fue ningún detalle. Al día siguiente hubo una movilización de decenas de miles de personas en Quito para rechazar sus planes (despido de 5000 empleados públicos, recorte del gasto social, eliminación de subsidios y la apertura de los sectores petrolero y energético al capital privado). Todo esto en un país (que en cifras de ese año) se presentaba así: el 20% de la población más rica, absorbe el 60% del Producto Interior Bruto, mientras que el 25% más pobre recibe el 4% del PIB; en el que los índices de desempleo y subempleo alcanzan el 46% de la población activa, o en el que el 45% de la población no dispone de agua potable.

Tras esta visita y cediendo a las presiones de Rato, Lucio Gutiérrez, envió al parlamento, con carácter de urgencia, un dardo envenenado para campesinos y trabajadores: la Ley Orgánica de Racionalización Económica del Estado, más conocida como “Ley Topo”. Un nuevo ataque salvaje que pretendía privatizar la seguridad social, las eléctricas, flexibilizar el mercado laboral y la entrega de pozos petroleros muy rentables del Estado a las multinacionales.

El 13 de abril fue una fecha clave. En Quito se paraliza el transporte público, los centros educativos y las oficinas municipales. A lo largo del día se van extendiendo las protestas y pasado el mediodía se registraban 46 marchas de protesta por todo el país: Pichincha, Carchi, Imbabura, Chimborazo, Azuay. Sin embargo, es por la tarde y por la noche cuando se percibe la fuerza real de la movilización. La emisora Radio la Luna, en Quito, hace llamamientos a salir a las calles y da voz al pueblo. Miles y miles de personas se juntan para llegar a las instalaciones de la CSJ y, a pesar de la fuerte represión con decenas de heridos y detenidos, unos cuantos centenares van hasta la casa de Lucio Gutiérrez a gritarle “Lucio fuera” y “el pueblo unido jamás será vencido”. La altanería y falta de conexión con la realidad del presidente queda en evidencia cuando califica de “forajidos” a los manifestantes. Es evidente que quiere mostrar una posición de firmeza para amedrentar a los que protestan. Además, se siente seguro porque esa misma semana ha recibido el apoyo del jefe de Estado mayor de las Fuerzas Armadas de EEUU. Las protestas continúan en los días siguientes y se van radicalizando.

El viernes 15 de abril, ante el ascenso de la movilización, el presidente rodeado de militares (aunque con alguna ausencia significativa, que hace pensar en las primeras divisiones en el ejército) anuncia a través de la televisión el estado de emergencia “con el objeto de paralizar o neutralizar la movilización social que amenaza con desbordarse y terminar con Gutiérrez”, se recortan los derechos de reunión, manifestación, se permite a las autoridades registrar las casas sin orden judicial, etc. A la vez anuncia la disolución de la Corte Suprema de Justicia. Con esta medida intenta calmar los ánimos de sus opositores en el parlamento, de varios sectores descontentos con su actuación y, por otra parte, busca aterrorizar a los sectores populares que se vienen manifestando ininterrumpidamente durante toda la semana y si es necesario reprimirlos en su protesta. De hecho, ya ha empezado a organizar grupos de choque como el grupo “Cero corrupción”, al estilo de las bandas fascistas, para provocar enfrentamientos y justificar la intervención del ejército e, incluso, un golpe militar. En los alrededores de Radio la Luna un grupo de unos 40 provocadores intenta atacar las instalaciones, pero la intervención de miles de personas contra ellos lo impide.

Miles y miles de manifestantes salen a las calles desafiando el estado de emergencia, el ejército no actúa y en menos de 20 horas se anuncia el levantamiento del estado de excepción y la celebración de una sesión extraordinaria del congreso para el domingo 17 de abril para que el congreso ratifique el cese del CSJ (lo cual no quiere decir que se vuelva a reabrir el caso de los ex presidentes corruptos).

Es evidente que el presidente sale derrotado en este pulso. Al retroceder dio un mayor impulso al movimiento popular que, además, percibe más nítidamente la debilidad del gobierno. Sectores de las fuerzas armadas estaban incómodos por la actuación del presidente, la embajadora de EEUU en Ecuador tuvo que llamar a la prudencia y al diálogo al presidente al igual que la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y, el vicepresidente, Alfredo Palacio, salió públicamente criticando el estado de emergencia. El vicepresidente, que durante el último año se había ido distanciando de Gutiérrez, y que ahora le exigía que reconociera “los errores cometidos o corre el riesgo de enfrentar una disolución de la nación”, podía ser una buena opción.

Lucio Gutiérrez se encierra en el Palacio de Carondelet y sigue minimizando el movimiento y negándose a ver la realidad: “creo que tenemos más de 2 millones de habitantes (en la capital), y creo que las marchas no han sobrepasado las 10.000, las 20.000 personas, con lo cual el 1% de las personas es el que está activamente manifestándose” y “en el resto del país la situación está completamente tranquila…mientras aquí dicen Lucio fuera, allá dicen Lucio reelección”. Mientras, lejos de disminuir, las protestas continúan. A las 5 de la tarde del 19 de abril más 50.000 personas bajan por las calles de Quito hacia el centro histórico, pero 4000 efectivos policiales les esperan y empieza la represión. Cae el primer muerto de esta explosión social, un camarógrafo chileno que se asfixia por los gases lacrimógenos. Al día siguiente una mujer será asesinada a manos de la policía. En dos días hay más de 180 heridos y decenas de detenidos. En un último intento a la desesperada Gutiérrez pide a Bucaram que abandone el país. El 20 de abril por la mañana hay convocadas manifestaciones de estudiantes de secundaria y universitarios. El ambiente se va caldeando y la situación se hace incontrolable. Finalmente, varios manifestantes consiguen entrar en el interior del congreso que se ha visto obligado por la presión del movimiento popular, a cesar a Lucio Gutiérrez. La plaza donde se encuentra el congreso se llena para celebrar la marcha de Lucio, pero la indignación sigue siendo muy fuerte y numerosos grupos de gente se agolpan en el aeropuerto desde donde saben que huirá el hasta esa tarde presidente. Las últimas noticias hablan de que ha pedido asilo en Brasil, rápidamente la gente ha rodeado la embajada brasileña en Quito en señal de protesta.

Mientras, en un intento por controlar la situación, el congreso nombraba como nuevo presidente al hasta entonces vicepresidente, Alfredo Palacio. Sus primeras declaraciones han sido “hoy han terminado la dictadura, la inmoralidad, la prepotencia, el terror y el miedo. Aquí no va haber perdón ni olvido”.

ACERCA DE LA LIBERTAD DE PRENSA Y SUPUESTOS VINCULOS CON EL NARCOTRAFICO

Cuando el coronel Lucio Gutiérrez, un militar golpista ganó la elección presidencial en noviembre de 2002, trajo al Ecuador algunos indicios de intolerancia con la libertad de expresión.

“El coronel Gutiérrez, a pesar de haber sido un oficial de caballería, pierde con demasiada frecuencia los estribos”, comentó, en aquel entonces, el analista Alberto Acosta ante la serie de exabruptos verbales y contradicciones sistemáticas del mandatario en su primer año de gestión. En la mayoría de los casos fue la reacción de la prensa la que hizo cambiar de opinión al Presidente para minimizar o cambiar sus ideas originales.

Luego de la captura en Manabí de una banda internacional de narcotraficantes liderada por César Fernández, otrora el hombre más rico de esa provincia, los ojos se dirigieron hacia el Palacio de Gobierno. Allí y en compañía del Presidente había sido fotografiado una y otra vez Luis Fernández, hermano del supuesto traficante. De igual manera, apareció una fotografía de la campaña electoral en que el presunto delincuente marchaba con Gutiérrez por la calles de Portoviejo, la capital de la provincia costera de Manabí.

Posteriormente, una investigación de El Comercio reveló que un general de Policía habría advertido al Presidente, seis meses antes del operativo, que un miembro de su entorno estaba vinculado al narcotráfico. Gutiérrez, quien el día de la publicación se encontraba en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, reaccionó amenazando al diario con enjuiciarlo si no revelaba el nombre del oficial de Policía que había servido de fuente para la nota periodística. Voceros del diario se negaron públicamente a revelar la fuente y cuando la cúpula policial juró ante notario público que ninguno de ellos había hablado con periodista alguno de ese diario, el medio dejó entrever que se trataba de un general en servicio pasivo. Las críticas de diversos sectores sociales y periodísticos terminaron por hacer desistir a Gutiérrez de su exigencia y de sus amenazas de juzgamiento.

ESTE ES EL BALANCE DE SU GOBIERNO MUY RESUMIDO POR ASUNTOS DE TIEMPO Y ESPACIO.

Finalmente el ex coronel Lucio Gutiérrez, se marchó por los "tejados" sin cumplir su oferta de promover la Ley Anticorrupción, reducir el número de diputados, descentralizar el país y renegociar la deuda externa. No "murió en el intento", como decía.

Agradezco a quienes se tomaron la molestia de leer esta recopilación y breve síntesis del gobierno del ex presidente Lucio Gutiérrez. Sólo para recordar por quién, muchos, están pidiendo el voto. Cuando escucho a las personas, pues en mi mente aparece una y otra vez, esta idea de que el pueblo parece a veces que no tiene memoria. Que la decisión que tomemos, cualquiera que esta sea, por Gutierrez, Correa, Noboa, Roldos, Sagñay, Gonzalez; sea siempre bien meditada; no dejándonos llevar por odios viscerales, sino por un análisis concienzudo y minucioso de los antecedentes que tenemos a la mano.

Yo no oculto mi voto, para evitar las críticas, que podrían sobrevenirme por este artículo, pero en honor a la honestidad, preferiría mil veces que me pidieran el voto hasta por Noboa, antes que aupar una reelección del coronel, por los motivos antes expuestos.

Por el bien de nuestra patria siempre.